Pinamar (c).- Con el título "Una ordenanza mal sancionada y mal promulgada", el bloque de concejales del Frente par ala Victoria emitió un comunicado donde sentó postura entorno al caso Montemar y el aumento del boleto, que no se enmarca dentro de la norma vigente. "En la última Sesión celebrada -dice la nota- se derogó la Ordenanza 4371/14 que otorgaba el aumento de $1 por sección a la empresa Montemar . La misma había sido promulgada por el intendente suplente pero viciada de nulidad ya que solo contaba con 5 votos positivos, de los 7 necesarios. La Ley Orgánica de los Municipios en su art. 233 es clarísima en este sentido y establece que cualquier incremento de tarifas debe ser aprobada por mayoría absoluta. Un involuntario error de la Presidencia del Cuerpo al enviarla como aprobada al DE y del mismo DE al promulgarla. Esto, sin contar con el agravante de que la empresa aplicó (y sigue vigente) el incremento, burlando una vez más los plazos legales (8 días hábiles a partir de la promulgación) y haciendo efectivo el aumento el día 11 de abril. La postura del Bloque del Frente para la Victoria continúa siendo la misma. No estamos dispuestos a movernos de la legalidad para ceder a la extorsión de la empresa. La Constitución y la ley de Derechos del Consumidor, así como la legislación provincial y local vigente nos amparan. Insistimos en que el único instrumento posible para analizar la oportunidad del aumento es la Audiencia Pública, como herramienta de la participación del usuario, teniendo en cuenta la trascendencia social de una medida de esta naturaleza. En ese sentido, una vez recibida la documentación económico financiera rubricada por profesional, encararemos un exhaustivo análisis de costos. Insistimos en que esgrimir la “inflación” como motivo suficiente para otorgar un aumento es desconocer el rol de los subsidios y su incidencia en la determinación de la tarifa. En este sentido estamos dispuestos a agotar todas las instancias para llegar a la Audiencia Pública con la información fidedigna, escuchando a los vecinos, asociaciones de consumidores y todos los actores involucrados. Sabemos que existen numerosas irregularidades, que van desde la maniobra de la empresa de “dibujar” su facturación cortando el boleto de menor valor y cobrando cualquier franja hasta informar entre sus unidades a aquellas que prestan servicios privados, como las que fueran afectadas al servicio particular que le prestó durante la temporada a la empresa Fibertel. Restaría sumar a este análisis los kilómetros recorridos declarados. Tengamos en cuenta que los subsidios se otorgan analizando, entre otros datos, los kilómetros recorridos y la cantidad de unidades afectadas al servicio. Algunos antecedentes a tener en cuenta y la negativa de la empresa a presentar su informe económico financiero avalado por su contador Un estudio de publicación reciente de la Auditoría General de la Nación, muestra como las empresas inflan los kilómetros recorridos para sacar ventaja del beneficio del gasoil a precio diferencial. Son muchas las falencias que abrieron el juego para que las empresas de colectivos inflen sus números. Por ejemplo, "no se cuenta con un mecanismo para detectar oportunamente la disminución de servicios". Al respecto, el informe de la AGN agrega que "no se implementó el Sistema de Seguimiento Vehicular exigido por el Decreto 98/2007 que permitía controlar los kilómetros realizados por cada operador". Otro vacío lo generaba la falta de control por oposición. Los auditores observaron que "la única fuente de información sobre los datos con los que se arma la participación y distribución del subsidio son las mismas empresas beneficiarias, la Secretaría de Trasporte no valida por otro medio esa información". A ello se suma que "durante el periodo auditado no se verificó que las compañías de colectivos realicen la correspondiente rendición de cuentas para respaldar rubro por rubro los subsidios entregados por el Estado". Conclusiones Todos estos antecedentes, sumados a la negativa sistemática de presentar números avalados por parte del contador de la empresa, nos lleva a pensar que son muchas aún las sorpresas con las que nos encontraremos a medida que profundicemos en este análisis. Aclaramos, finalmente, que el DE tiene los medios y la potestad para hacer que Montemar SRL cumpla con la Ley. Exigimos la inmediata retracción de la tarifa a los niveles vigentes antes de la malograda ordenanza. El aumento es ilegal ya que no cuenta con el aval legislativo y fue aplicado fuera de los plazos de ley."