La Justicia Dolorense falló a favor de la empresa Ecoplata y continúa la restricción de ingreso de los camiones de Santa Elena al predio de disposición final que está situado en la Ruta Interbalnearia Nº 11, donde también depositan los residuos sólidos urbanos Pinamar y Madariaga. El pasado viernes se dio a conocer un fallo favorable para el empresario Gustavo Pereyra, quien espera que desde el ejecutivo municipal de Villa Gesell, brinden una respuesta sobre el convenio que pagará la comuna para la utilización del lugar. A raíz de ellos, crece la preocupación en la ciudad, ya que nuevamente un conflicto vuelve a presentar a Villa Gesell repleta de basura en las diferentes zonas y sin que nadie pase a recogerlas. Dado a conocer esta medida, desde la comuna habían anunciado un plan de contingencia, pero hasta el día de la fecha no fue presentado y hasta los últimos datos, los camiones de la empresa encargada de servicio de recolección de residuos, Santa Elena, llegó hasta el predio con los camiones cargados pero no pudo ingresar, tras la restricción. Desde la empresa, destacaron que al caerse la medida cautelar que había solicitado la Municipalidad, para seguir utilizando el predio a pesar de no tener ningún convenio que los vincule, Ecoplata quedó habilitado para negar el acceso y solicitar una negociación con Villa Gesell. La empresa tasó en $ 1.8 millones por mes el precio para que nuestra ciudad pueda depositar sus residuos, y reclama que desde hace cinco meses Villa Gesell está arrojando los residuos al predio sin que haya un convenio, por lo cual reclama el pago retroactivo. La desvinculación entre Villa Gesell y Ecoplata se produjo cuando el intendente Gustavo Barrera decretó la rescisión del contrato entre las partes, cuando la empresa contaba con la concesión del servicio de recolección, transporte y disposición final. Esta fue una de las decisiones más cuestionadas al Ejecutivo ya que de abonar menos de $ 2 millones a Ecoplata por el servicio completo, pasó a pagar casi $ 5 millones a Santa Elena por la recolección y transporte, y ahora le exigen $ 1.8 más por la disposición final, incrementando en más del triple el destino de fondos para un mismo servicio.