El arquitecto Alberto Fanderwud dialogó con División Prensa para remarcar faltas que son comunes por parte de muchos frentistas que utilizan el espacio público para dejar basura que no puede ser levantada por el recorrido habitual del camión recolector. En la explicación, basada en la Ordenanza Municipal 1649 del año 2006, se especificó que quienes ejecutan obras estructurales, tareas de limpieza o desmalezamiento son los responsables de los materiales o desechos que puedan originar. En ambos casos: se contará con 72 horas para programar el ingreso de los mismos al predio privado y el mismo tiempo para retirarlos de la vía pública con medios privados contratados a tal efecto. En este sentido, agregó que el municipio no presta un servicio personalizado de extracción de escombros y resaltó que cuando se habla de acopio se hace referencia a colocarlos de manera paralela al cordón, en bolsas reforzadas que eviten la diseminación y sin obstaculizar el sector de veredas o de cinta asfáltica. Fanderwud aseguró que, muchas veces, hay remodelaciones o construcciones que tienen en cuenta los planos pero, no así, que hacer o como programar el traslado de lo que sacan a la calle. “Tienen que contenerlos en el ámbito privado porque no se puede inutilizar una parte del espacio público que es de todos y, además, poner en riesgo a los que transitan en la vereda o a los automovilistas que lo hacen por la calle”, dijo. Multas El secretario de Obras Planeamiento explicó que está en vigencia un sistema de multas y que los controles deben ser realizados por la Dirección de Inspección General. “Se trata del decreto 1314/14. Se hace la fiscalización y, aquel que no cumple, recibe la multa. Luego es el Juez de Faltas el que debe establecer criterios pero el castigo es de entre 600 y 1000 módulos; según los riesgos que hayan generado los elementos depositados en la calle”. *Las fotografías que acompañan esta nota fueron tomadas en la mañana del viernes en calles de la ciudad. Desde la Dirección de Inspección General informaron que aguardaban el paso de las 72 horas estipuladas para hacer las fiscalizaciones en los lugares en donde se tomaron las imágenes.