El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron en París el lanzamiento del 'pasaporte dorado', un programa que otorgará la ciudadanía argentina a inversores extranjeros que realicen aportes 'relevantes' en efectivo o adquieran bonos de deuda. El anuncio se realizó en el marco de la Argentina Week y, según Caputo, forma parte del 'proceso continuo de apertura e integración internacional de Argentina'.

La iniciativa ofrece dos vías: una contribución no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o una inversión de 800.000 dólares en un nuevo bono del Gobierno que deberá mantenerse durante siete años. Además, el cónyuge y los hijos solteros de entre 18 y 25 años sin hijos propios pueden solicitar la ciudadanía con un aporte adicional de 100.000 dólares cada uno, mientras que los menores de 18 años requieren 25.000 dólares. Así, una familia de cuatro integrantes —dos adultos y dos menores— deberá desembolsar 500.000 dólares.

Según Caputo, el programa está pensado para ponerse en marcha antes de que termine el año, aunque el plazo de solicitud se abriría a partir del cuarto trimestre de 2026, sin más detalles por ahora. Argentina se convertirá en el primer país sudamericano en adoptar este tipo de ciudadanía por inversión, sumándose a estados del Caribe como San Cristóbal y Nieves, Dominica, Antigua y Barbuda y Santa Lucía. A nivel global, más de 60 países cuentan con programas de 'visados dorados', pero muy pocos otorgan ciudadanía directa.

La medida ya generó críticas. Se advierte que podría utilizarse para eludir controles y restricciones, como las que existían sobre la venta de tierras a extranjeros, eliminadas por un fallo de la Corte pero que volverían a discutirse en el Congreso. En ese contexto, el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi presentó un proyecto de ley para anular la iniciativa, contemplada en el DNU 366 incorporado a la ley de ciudadanía. 'La Argentina necesita inversiones, pero inversiones que se queden, generen empleo y paguen impuestos. El Congreso tiene la competencia exclusiva sobre la naturalización. Es su responsabilidad decir con claridad que la ciudadanía argentina no está en venta', sostiene el proyecto.