La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo de la defensa de los ocho jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La presentación cuestionaba una serie de presuntas irregularidades en el inicio de la causa, que, de haber prosperado, podría haber puesto en riesgo todo el proceso.

Según informaron fuentes del máximo tribunal, la decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El recurso había sido presentado por el abogado Hugo Tomei, quien durante gran parte del proceso representó a los imputados. Entre los argumentos, se denunció que ninguno de los acusados conoció las pruebas de cargo ni la imputación en el momento de su indagatoria.

“Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de los jóvenes condenados por el crimen de Báez Sosa, en donde ellos —como denunciantes— buscaban cuestionar una serie de presuntas irregularidades en el inicio del caso”, precisaron desde el tribunal.

Tras conocerse el fallo, Tomei anticipó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Era una medida esperable, sobre todo por cómo se vienen desarrollando todas las respuestas jurisdiccionales. Iremos a la CIDH para denunciar al Estado argentino por el incumplimiento del servicio de justicia, por cuanto la denuncia contra los funcionarios judiciales no ha sido tramitada conforme a las disposiciones legales. Se está protegiendo a un sistema que es incapaz de juzgarse a sí mismo”, declaró a La Nación.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli, al encontrarlos coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”. Los otros tres acusados, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, recibieron penas de 15 años de prisión como “partícipes secundarios”.

La defensa no solo apeló las condenas —un planteo que aún debe resolver la Suprema Corte de Justicia bonaerense—, sino que también cuestionó distintos actos de la instrucción. Tomei denunció que sus asistidos fueron obligados a firmar actas del expediente. Esa denuncia penal por falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad fue desestimada por ausencia de dolo. La decisión fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y luego por la Suprema Corte provincial, que en agosto de 2025 rechazó un recurso de queja y en abril de 2026 denegó el recurso extraordinario.

Ahora, la Corte Suprema nacional denegó el planteo por falta de fundamentación autónoma, al considerar que no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada.

No es la primera vez que el máximo tribunal interviene en el caso. A fines de abril pasado ya había rechazado una serie de recursos de queja presentados por las defensas, incluido uno de Tomei en representación de Comelli, Viollaz, Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, y otro del abogado Francisco Oneto, que ahora representa a Thomsen, por incumplimiento de requisitos formales.

Las condenas aún no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense debe resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima —Silvino Báez y Graciela Sosa— y las defensas de los ocho condenados. El Ministerio Público Fiscal y los abogados de la familia Báez Sosa recurrieron las condenas de Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi, al considerar que tuvieron la misma participación que los condenados a perpetua.

Tomei, que ahora solo representa a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insiste ante la Suprema Corte provincial en que el caso debe enmarcarse como un “homicidio en riña o agresión”, delito que prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel. Lucas Pertossi, por su parte, ahora es defendido por Ignacio Nolfi, defensor de Casación, que se presentó ante la Corte Suprema nacional y pidió la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.