En respuesta a una seguidilla de graves accidentes en los médanos, la Municipalidad de Pinamar implementó un drástico endurecimiento de las sanciones para quienes conduzcan vehículos motorizados en playas, dunas y zonas no habilitadas. El decreto, fechado el 16 de enero de 2026, busca desalentar una práctica que ha derivado en heridos críticos, como el caso del niño Bastián, quien permanece hospitalizado tras un choque en 'La Frontera'.
La medida reglamenta y refuerza la Ordenanza Municipal N° 4794/16, incorporando un régimen de penalidades más severo. Las multas ahora oscilan entre 8.500 y 25.000 módulos, según la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia. Además, se autoriza a los agentes municipales a retener y secuestrar los vehículos de manera preventiva cuando la conducta implique un peligro cierto para la vida, la integridad física o el ambiente.
Uno de los aspectos más contundentes del decreto es la imputación total de costos al infractor. Quien cause un siniestro deberá hacerse cargo de todos los gastos derivados, incluyendo:
Atención médica, internaciones, estudios, medicación y traslados sanitarios.
Costos de los operativos de emergencia (recursos humanos, móviles, maquinaria).
Intervención de áreas municipales como Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente.
Reparación y mitigación de los daños ambientales ocasionados, así como la limpieza y restauración de los espacios afectados.
El Municipio se reserva el derecho a reclamar judicialmente el recupero total de estos costos contra el infractor y el titular registral del vehículo.
La decisión llega en un contexto marcado por varios incidentes recientes, entre ellos un accidente donde un hombre sufrió una fractura de cadera y, sobre todo, el choque en el que resultó gravemente herido Bastián, un niño de 8 años que continúa en estado crítico tras múltiples cirugías.
El decreto exceptúa a los vehículos de rescate, emergencia y seguridad, y fue dictado ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. Con esta medida, Pinamar busca no solo sancionar con mayor dureza, sino también transferir la responsabilidad económica integral a quienes, con su conducta, pongan en riesgo vidas y generen gastos públicos considerables.
