El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) ha puesto el acelerador en el Senado para aprobar una reforma al régimen de biocombustibles, buscando dictamen de comisión este miércoles. Sin embargo, la celeridad del proceso ha encendido todas las alarmas en el sector de las PyMES bonaerenses, que advierten sobre consecuencias devastadoras para su supervivencia.

La iniciativa, impulsada por las gestiones de Patricia Bullrich, propone una liberalización del mercado, incluyendo un aumento del corte de biodiésel del 7,5% al 10%. No obstante, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) denuncia que la norma no busca la libre competencia, sino una redistribución arbitraria del mercado que beneficia directamente a los grandes jugadores agroexportadores concentrados en Santa Fe.

Las empresas afectadas en Buenos Aires, que operan plantas en localidades como Saladillo, Ramallo, Pilar, Daireaux, Junín y Bahía Blanca, sostienen que la nueva regulación las condena a la quiebra. Según datos de la cámara, el sector sostiene 500 empleos directos y cerca de 3.000 indirectos, además de generar un valor económico anual cercano a los 415 millones de dólares.

Desde la Cepreb, su titular Federico Martelli, cuestionó duramente la distinción entre empresas "integradas" y "no integradas" que propone el proyecto, argumentando que ignora variables clave como la logística y la cercanía a la materia prima. En su lugar, proponen una segmentación basada en criterios regionales que permita una competencia equitativa.

El conflicto escala mientras circula la versión de que grandes petroleras estarían preparando su desembarco en el negocio bajo este nuevo esquema. Mientras tanto, las Pymes bonaerenses alertan que el impacto negativo no solo golpeará a las plantas productoras, sino que afectará gravemente a toda la cadena de valor, incluyendo las fábricas de extrusado de soja distribuidas en más de 50 municipios de la provincia.