En una sesión cargada de emotividad y simbolismo, el Honorable Consejo Deliberante (HCD) de Pinamar aprobó este viernes 28 de noviembre la “Ordenanza Fausto”, una legislación destinada a establecer y garantizar condiciones seguras de trabajo en las obras de construcción, uno de los sectores económicos más importantes de la ciudad.
La normativa lleva el nombre de Fausto Maldonado, el joven de 19 años que perdió la vida el 12 de agosto de 2023 al caer de un edificio en construcción donde trabajaba, un hecho que su madre, Carina Zabala, atribuye a la “falta de cumplimiento del protocolo de seguridad” por parte de la empresa constructora.

Una victoria agridulce y el largo camino de una madre
Tras la votación, Carina Zabala, docente y rostro visible de una lucha que lleva más de un año, a través de sus redes expresó: “No puedo decir que estoy contenta porque tengo sentimientos encontrados, pero sí estoy satisfecha porque es el principio de un camino”, expresó con visible emoción y cansancio.
“El siguiente paso es ver qué va a decidir el Intendente Juan Ibarguren, si va a aprobar esta ordenanza o la va a vetar. Y más allá de lo que él decida, la lucha continúa”, afirmó con determinación, prometiendo seguir “documentando, denunciando y reclamando al Estado que se haga cargo de fiscalizar y velar por los derechos de los trabajadores”.
Detalles de la votación
La ordenanza fue aprobada con 6 votos a favor de los concejales Manuel Ugartemendia, Analía Figueroa, Camila Merlo, Ana Laura Pinelo, Violeta Saquilán y Leonardo Napoli. Se registraron 4 abstenciones (Carolina Llamazares, Javier Pizzolito, Fernando Ávila, Alejo Yeza y Sabrina Giraldi) y tres ausentes (Horacio Errasquin, Gregorio Estanga y Daniel Jouffre)
Un legado que trasciende el dolor
La “Ordenanza Fausto” se erige como un testimonio legislativo de cómo el dolor puede transformarse en una lucha constructiva. Mientras la normativa espera la decisión final del intendente Ibarguren, su mera existencia ya marca un precedente ineludible en Pinamar: la seguridad de los trabajadores de la construcción es, a partir de ahora, una demanda ciudadana con nombre, apellido y un lugar permanente en la agenda pública.