El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de General Madariaga, el corazón del sistema de seguridad ciudadana, se convirtió en una sala de juegos. Tal cual anticipó El Mensajero y consta en el Boletín Oficial, seis empleados fueron suspendidos por 15 días sin goce de sueldo luego de que pericias informáticas confirmaran que, durante 28 días entre diciembre y enero, utilizaron sus equipos de trabajo para jugar Minecraft en línea en lugar de monitorear las cámaras de seguridad .
El intendente Esteban Santoro firmó el decreto de suspensión tras un sumario que comprobó el uso indebido de las computadoras oficiales, un hecho que la propia Junta de Disciplina calificó como un grave incumplimiento de las tareas de prevención del delito y vigilancia urbana en tiempo real .
Sin embargo, la concejala de Unión por la Patria, Valeria Medina, salió al cruce a través de sus redes sociales y planteó una pregunta que resuena en la comunidad: si seis empleados estuvieron casi un mes jugando, ¿quién controlaba a los que debían controlar? En su descargo, la edil apuntó directamente al coordinador del COM, Luciano Balbín, y al secretario de Seguridad, Roberto López, por lo que considera una "ausencia absoluta de conducción" .
"Esto no fue un hecho aislado ni el error de un solo empleado. Fueron seis agentes, durante 28 días, haciendo cualquier cosa menos cumplir la función para la que los vecinos les pagan el sueldo", disparó Medina. La concejala remarcó que, mientras los operadores fueron sancionados, el coordinador "sigue en su cargo sin ninguna consecuencia", a pesar de estar procesado por violencia institucional en un hecho ocurrido en octubre de 2024 donde se lo acusa de lesiones agravadas y apremios ilegales.
La responsabilidad política, según Medina, recae en el secretario de Seguridad, Roberto López, quien es el responsable del área y sostiene a Balbín en su puesto. "Cuando ocurren hechos de esta gravedad, no alcanza con sancionar a los empleados: también deben responder quienes tenían el deber de controlar, conducir y garantizar el correcto funcionamiento del COM", sentenció.
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“El caso deja expuesta una falla estructural que preocupa a los vecinos. Si durante casi un mes nadie advirtió que quienes debían vigilar las cámaras estaban jugando, la pregunta que queda flotando en el aire es quién responde por esos 28 días en los que la seguridad quedó librada a la suerte”.
