La decisión se enmarca en la política de desregulación impulsada por el Ejecutivo Nacional, especialmente a partir del DNU 70/2023 y normas complementarias, que promueven la eliminación de regulaciones consideradas redundantes o que generen sobrecostos en la actividad económica.
Según se fundamenta en la norma, la exigencia de habilitaciones municipales en trámites nacionales generaba duplicación de requisitos y dificultades operativas, debido a la diversidad de criterios existentes entre las distintas jurisdicciones locales. En ese sentido, se remarca que las condiciones de seguridad, salubridad y uso del suelo continúan siendo competencia de provincias y municipios.
El Senasa aclaró que la eliminación de estos requisitos documentales no exime a los operadores del cumplimiento de la normativa local vigente, sino que únicamente simplifica la tramitación ante el organismo nacional.
Fuente: Agencia DIB
