El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores, a cargo del Dr. Juan Martín Enzagaray, dictó sentencia condenatoria contra un hombre por el robo de una motocicleta ocurrido en San Clemente del Tuyú. El fallo se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Dr. Diego Carlos Bensi y el defensor Dr. Paúl Orellano.
El hecho
El ilícito tuvo lugar en la madrugada del 21 de septiembre de 2015, entre las 3 y las 6 de la mañana, en la intersección de calle 1 y 19 de San Clemente, frente al café-bar 'Clancy's'. El imputado, junto a otro sujeto, se apoderó ilegítimamente de una motocicleta Guerrero DAY 110 de color azul que se encontraba estacionada en la vía pública. Para ello, violentaron el tambor de la llave de ignición y dañaron la instalación eléctrica para ponerla en marcha y darse a la fuga.
La investigación
Un testimonio clave fue el de una empleada del bar, quien identificó al acusado y a su acompañante como los últimos clientes en retirarse del local, justo antes de que se advirtiera la desaparición del rodado.
La propietaria de la moto, tras recibir información sobre su posible paradero, se dirigió a un domicilio de la localidad junto a un acompañante. Allí fue atendida por el imputado, quien presentaba lesiones visibles (venda en el mentón y raspaduras) compatibles con una caída en moto. Ante el reclamo, el hombre alegó no recordar cómo el vehículo había llegado a su propiedad, argumentando que había consumido alcohol y sustancias durante la madrugada, y procedió a entregar la moto que estaba en el fondo de la vivienda. En ese momento, personal policial secuestró el rodado y aprehendió al sospechoso.
La condena
El juez Enzagaray destacó que las pruebas –incluyendo pericias fotográficas que mostraban el tambor de arranque forzado y daños en el cableado– permitieron encuadrar el hecho como 'robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública' (arts. 164 y 167 inc. 4 del Código Penal).
Finalmente, el acusado fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de las costas procesales. Al no registrar antecedentes penales, el tribunal consideró desproporcionada la prisión efectiva, aunque el condenado deberá cumplir reglas de conducta durante el plazo que fije la Justicia.
